Gonzalo Carrasco. Profesor asistente adjunto. Escuela de Arquitectura UC.
El Subsecretario del Interior Juan Francisco Galli anunció el patrocinio del gobierno a un proyecto de ley presentado por los alcaldes de las comunas de Peñalolén, La Florida, Independencia y Puente Alto, que permite a los vecinos cerrar calles como estrategia antidelincuencia. La medida descansa en un anterior proyecto de ley presentado en el primer mandato del presidente Piñera, que fue rechazado por el Tribunal Constitucional por violar el derecho a la libre circulación. De ahí que, lo que se propone hoy, es permitir el control autogestionado de la calle por los propios vecinos a través de estrategias con elementos temporales.
El Subsecretario ha declarado que la medida busca reducir la “percepción” de inseguridad ante delitos violentos, no obstante, no existe evidencia de que estas medidas hayan sido exitosas en la disminución de la delincuencia, más allá de una mera percepción de “sentirse seguro” por un tiempo.
Respecto a los medios, es interesante advertir que este proyecto implica una renuncia explícita del Estado de parte de sus funciones para traspasarlas a los vecinos. Ya que ellos son los que tienen que financiar el cierre de la vía, además de dar un peligroso margen a lo que se podría llamar operaciones de “micro-autotutela”, es decir, dejar que los propios ciudadanos realicen funciones de defensa y seguridad.
Esta claudicación del Estado respecto a la solución integral del problema del delito muestra el núcleo ideológico de enfoques recientes sobre lo urbano, como es el “urbanismo táctico”. Una especie de urbanismo de bajo presupuesto, que esperaba resolver directamente las necesidades de las personas, usualmente sin Estado. De similar forma, el control de calles bajo la gestión de los propios vecinos surge como una instalación que más que resolver las causas de los problemas, encuentran en su temporalidad únicamente la forma de salvar la constitucionalidad de la misma medida. Sin Estado, sin espacio público, sin urbanidad, llevando a la calle a esa orfandad que llamamos “autogestión”.
Finalmente, resulta importante recordar el contexto especial que estamos viviendo, el cual necesariamente puede amplificar los efectos de medidas como estas. La pandemia con sus políticas de confinamiento, distancia social, estados de excepción y crisis económica; como también de un Chile post-estallido, con mayores medidas policiales represivas sobre las personas y casos de vulneración de derechos humanos, nos presentan un escenario preocupante respecto a las nuevas formas de representación y de las prácticas sociales que tendremos del espacio público cuando estos fenómenos encuentren solución. No puede ser que el día de mañana este debilitamiento del espacio público – alimentado por una imaginación que lo defina como un espacio hostil, conflictivo, excluyente y sin plenos derechos – nos deje como resultado una ciudad en donde la privatización de la calle y de lo público se transforme en un nuevo “sentido común”, en un nuevo status quo. Uno donde el tránsito por nuestras ciudades se convierta en una seguidilla de controles y de un: “perdón, ¿adónde cree que va?”.